Fueron tres días de intenso trabajo que sostuvo en la zona un equipo de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) junto a servicios públicos con competencia en el ordenamiento territorial y ambiental, a fin de fiscalizar la afectación ambiental y social que están provocando diversos proyectos de parcelación en distintas comunidades del Archipiélago.

Convocados por la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé, el equipo de profesionales sostuvo reuniones con equipos técnicos de los distintos municipios de la provincia, además de organizaciones sociales y comunidades indígenas. Asimismo, realizaron visitas técnicas a proyectos de parcelación en las comunas de Chonchi, Dalcahue y Castro para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y forestal, junto con evaluar el posible daño significativo al medio ambiente.

En esta misma línea, la delegada presidencial provincial, Mariela Núñez Ávila sostuvo que este trabajo surge por la demanda territorial y ambiental, a fin de avanzar en un camino para trabajar de manera colaborativa y aplicar la ley para proteger los recursos naturales, como es el agua.

“Este es el primer paso para poder continuar un trabajo que va a seguir en el futuro, esperamos que se integren más servicios también a este trabajo, Carabineros, la Armada nos han pedido que también se incorporen a esta fiscalización, de modo de ir cuidando nuestro patrimonio, los bosques nativos y el agua que por cierto cada vez escasea en la provincia, por ello es que debemos ser responsables y tomarnos esto con la seriedad que corresponde y la visita del Consejo de Defensa del Estado da esa visión que tenemos como Gobierno, que es ser el primer Gobierno ecologista”, dijo la autoridad.

Sumó que “vamos a cuidar nuestros recursos naturales y vamos a ocupar todas las herramientas del Estado para hacer cumplir la ley para cuidar nuestros bosques nativos y el agua”.

Rodrigo Rivera, abogado y jefe de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) sostuvo que este trabajo efectuado en Chiloé, radicará en un diagnóstico para tomar un curso de acción administrativo como judicial, además de promover la defensa del patrimonio natural y hacer cumplir la ley ante entre otras cosas, la tala del bosque nativo sin plan de manejo y loteo ilegal.

“Hicimos una reunión de gabinete con los distintos servicios públicos comprometidos convocados por la delegada presidencial provincial y gracias a ello, pudimos aunar criterios, definir y dar una priorización a los proyectos a fiscalizar y en base a eso los servicios públicos están elaborando desde ahora sus informes para efectos de poder tomar una determinación desde un punto de vista ya administrativo y judicial. Con la información pública que se disponga y con los acuerdos que alcancemos, la idea es que nosotros como Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado emitimos un antecedente al consejo para que se evalúe el curso de acción”, puntualizó el abogado.

CONAF, la Dirección General de Aguas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Sernageomin, fueron parte de los servicios públicos que fueron convocados por la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé y que participaron de las fiscalizaciones que realizó el Consejo de Defensa del Estado en Chiloé.

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