El diputado Alejandro Santana, solicitó al Ejecutivo una prórroga de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso Universal, que busca asegurar la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, pero que sin embargo, señala, “implica incurrir en una inversión que hoy ningún emprendedor está en condiciones de afrontar”
La aplicabilidad de esta normativa, que entró en vigencia en marzo de 2019 ha sido muy compleja de materializar, incluso en el sector público, cuyos edificios hasta hoy solo cumplen un 12% con esta accesibilidad, según el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis.
A juicio del diputado Santana, esta normativa puede significar el cese definitivo de las actividades para un emprendedor, sobre todo considerando la actual situación económica provocada por la pandemia del Covid-19 y lo ocurrido desde octubre del año pasado. “Valoramos el espíritu de esta ley que permite el acceso para personas con discapacidad, pero considerando el bajo cumplimiento de esta normativa y la urgente necesidad de proteger el emprendimiento y los puestos de trabajo, creemos que es una herramienta que se debiera explorar”, agregó.
“Lo que buscamos con este Proyecto de Resolución es que la normativa efectivamente se cumpla, pero que momentáneamente se pueda generar una prórroga temporal que haga viable la subsistencia de las pequeñas y medianas empresas, para evitar que las tasas de desempleo se disparen”, concluyó.